EL EXILIO JUDICIAL DE MÉXICO: EL COSTO DE APLAUDIR AL PODER

Por Francisco Javier Villarreal Gastélum

La reciente expulsión de la delegación mexicana de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) no es un trámite burocrático menor ni un ataque a la soberanía nacional, como seguramente intentará argumentar la narrativa oficialista. Es, sin duda, un diagnóstico internacional demoledor: la judicatura oficial en México ha dejado de cumplir con los requisitos mínimos de independencia y apoliticidad, sin discusión alguna.

El pasado 17 de octubre de 2026, durante la reunión anual de la UIM, 70 delegaciones globales votaron de forma secreta para definir el futuro de México en el organismo. El resultado fue contundente: 53 votos a favor de la expulsión (casi el 80% de los votos emitidos). ¿El motivo? El respaldo servil de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB), presidida por Rafael Guerra, a la polémica reforma judicial que instauró la elección popular de jueces y magistrados.

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Para la comunidad jurídica internacional, el argumento de la CONATRIB de que la reforma judicial emanaba de la "soberanía popular" y, por ende, debía acatarse ciegamente no convenció a nadie. Relatores de Argentina y España fueron claros: al validar un mecanismo donde los jueces dependen del humor de las urnas y de la bendición de los partidos políticos, la representación mexicana traicionó el estatuto global que juró defender.

La paradoja es dolorosa. Mientras la CONATRIB intentaba minimizar la crisis argumentando ante el mundo que el impacto en la judicatura local era "limitado", datos presentados en el mismo foro por el Instituto Nacional Electoral (INE) revelaron una auténtica purga institucional: 2,681 personas juzgadoras destituidas, entre jueces federales, magistrados de circuito y juzgadores locales en 19 estados. Un desmantelamiento sin precedentes de la carrera judicial en favor de la lealtad política.

Por supuesto, los defensores del régimen actual restarán importancia a la medida argumentando que la UIM es una "asociación privada" y que su resolución no anula las leyes mexicanas. Tienen razón en lo técnico, pero se equivocan profundamente en lo simbólico y lo político. Lo que esta expulsión demuestra es que, en el tablero internacional, el nuevo modelo de justicia mexicano no es visto como una "democratización", sino como un sistema cooptado y sometido al Poder Ejecutivo.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) ha respaldado con firmeza este exilio. Saben bien que la independencia de un juez no es un privilegio corporativo, sino la única red de seguridad que tiene el ciudadano común frente a los abusos del poder.

Hoy, México se queda al margen de la comunidad jurídica internacional. Al elegir el aplauso cómodo al régimen por encima de la defensa técnica de la Constitución, los tribunales oficiales mexicanos consiguieron su propósito doméstico, pero perdieron algo que no se recupera en las urnas: la respetabilidad internacional y la autoridad moral.

Quedamos bajo sospecha global, y no por nosotros mismos, sino por un capricho político impositivo y autoritario al someter el intelecto jurídico a la suerte y a la popularidad, que más bien se erige como un bastión de sometimiento político con matices judiciales.

¡Hasta la próxima!