EL TERMÓMETRO DE LAS CALLES: CUANDO CONTENER SE DISFRAZA DE REPRIMIR

Opinión | Lic. Francisco Javier Villarreal Gastélum

México transita por un octubre de 2026 donde la efervescencia social ha vuelto a trazar la agenda pública desde el asfalto. Las demandas ciudadanas, lejos de adormecerse, han encontrado en el espacio público su principal caja de resonancia, enfrentando a las autoridades locales y federales con un viejo fantasma de nuestra historia política: la gestión de la protesta y los límites de la fuerza pública. Dos movilizaciones recientes encendieron las alertas y forzaron un posicionamiento directo desde el corazón de Palacio Nacional.

Por un lado, la inconformidad laboral se materializó de forma masiva. La marcha de los trabajadores del sector salud (IMSS e IMSS-Bienestar), motivada por el rechazo generalizado a la oferta de incremento salarial del 2.9 % y la exigencia de insumos médicos básicos, rebasó las fronteras de la capital para movilizarse en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero, siendo en total 19 estados de la República.

Publicidad

Las protestas, paros escalonados y plantones se registraron de manera intensa entre el 9 y el 15 de octubre de 2026 en dichas entidades. Con un contundente «no» en las consultas sindicales, la base trabajadora no solo desafió al instituto, sino también a su propia dirigencia, abriendo un complejo frente de negociación colectiva.

Paralelamente, una crisis de tintes ambientales y sociales estalló en el occidente del país.

El pasado domingo 11 de octubre de 2026, miles de ciudadanos en Guadalajara, Jalisco, tomaron la Glorieta de La Minerva con rumbo a Casa Jalisco en una megamarcha por la exigencia de agua limpia, en medio de una severa crisis por el suministro de líquido turbio y contaminado en la Zona Metropolitana.

Lo que inició como un reclamo pacífico por un derecho humano fundamental escaló a un duro choque cuando colectivos intentaron retirar las vallas de seguridad. La respuesta del gobierno estatal, encabezado por el emecista Pablo Lemus, derivó en una violenta contención donde se denunció el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, concluyendo con un saldo de decenas de heridos y 39 personas detenidas.

Ante estos dos escenarios de alta tensión, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó una línea clara y divisoria respecto a la actuación policial, enfatizando la diferencia institucional entre resguardar el orden y vulnerar derechos constitucionales.

Respecto a la represión policiaca en la marcha del agua en Jalisco, Sheinbaum adoptó una postura enérgica y de rechazo absoluto, deslindando por completo a la Federación de los eventos y señalando la responsabilidad directa del gobierno local. La mandataria sentenció: «Una cosa es contener y otra cosa es reprimir. Nosotros no estamos de acuerdo con la represión».

Además, calificó de «inadmisible» la presunta tortura y abuso de fuerza ejercida contra los manifestantes, particularmente contra jóvenes, solicitando formalmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda y exhaustiva de los hechos para garantizar que no exista impunidad.

Por su parte, ante el conflicto de los trabajadores del IMSS, la jefa del Ejecutivo federal optó por una vía de pacificación institucional y diálogo abierto. Sheinbaum validó la legitimidad de las mesas de negociación y, en sintonía con su discurso general de que su gobierno proviene de movimientos de protesta y jamás usará las fuerzas del orden para acallar demandas de justicia social, ordenó canalizar el conflicto pacíficamente a través de la Dirección General del IMSS.

La instrucción presidencial fue la de escuchar las peticiones de los sanitarios e investigar alternativas viables dentro de los márgenes presupuestales, bajo la premisa irrestricta de garantizar el derecho a la libre manifestación y una política federal de cero tolerancia a represalias o despidos contra la disidencia sindical.

La lección que dejan estos días de asfalto y consignas es evidente: en el México contemporáneo, la protesta social legítima no puede ser respondida con el autoritarismo del pasado. Cuando la frontera entre contener la violencia y reprimir al ciudadano se desdibuja, se fractura también el pacto democrático. El diálogo y la transparencia no son opciones políticas; son la única vía democrática para gobernar.

Se asoman las elecciones del 6 de junio de 2027. Se renovarán las gubernaturas en 17 estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

La política es impredecible, pero, al final del día, existen causalidades, no casualidades, por el siguiente motivo: «casualmente», de los 17 estados de la República que van a renovar sus gubernaturas y de los 19 estados en los que hubo la marcha de los trabajadores y médicos del IMSS e IMSS-Bienestar, «casualmente», nueve coinciden en la renovación de las citadas gubernaturas.

El pronóstico es muy claro y la tensión política se marca más aún en el cambio de color de las entidades federativas, que es precisamente donde se han remarcado las inconformidades. Y lo que llama la atención es que son, en su mayoría, del color guinda.