Nómina, cuotas y sospechas: 75 asesores, 8 millones al mes y la austeridad: ASi gasta la nueva corte del Acordeon

Por: Jose Mendoza

En los últimos días ha llamado la atención pública la estructura de personal de la oficina del magistrado del acordeon Hugo Aguilar: 75 asesores figurando en nómina que, según cifras que circulan en redes y círculos políticos, sumarían alrededor de 8 millones de pesos mensuales en sueldos. Ese dato, en sí mismo, amerita una investigación presupuestal y una explicación pública: ¿quiénes son esos asesores?, ¿qué funciones desempeñan?, ¿cuál es el criterio para su contratación y sueldos?

Parto de tres observaciones simples y verificables: 1) el monto global es notable y exige rendición de cuentas; 2) la mayoría de tribunales y despachos judiciales manejan una nómina de colaboradores, pero la proporción y transparencia en la actual varían mucho; 3) la opacidad en la contratación pública es terreno fértil para sospechas —por razones legítimas— cuando no se documentan funciones y resultados.

Hipótesis 1 — ¿Un pequeño núcleo de trabajo genuino y una corte de “paleros”?

En la práctica jurídica es razonable pensar que, para resolver asuntos complejos, un magistrado puede apoyarse en un equipo reducido de especialistas. Leer y analizar expedientes de cientos o miles de fojas exige equipos técnicos —pero no 75 personas necesariamente. Mi hipótesis de trabajo: solo 5 o 6 asesores producirían la carga efectiva de trabajo, y el resto desempeñaría funciones de aviadores donde un 80% de su sueldo es donado a quien los contrato o al Partido en turno.

Qué verificar: tiempos de trabajo por expediente, firmas en proyectos de resolución, y trazabilidad documental (quién redactó, revisó y presentó cada propuesta). También es útil comparar la productividad por asesor y por mes.

Hipótesis 2 — ¿Pagos de Cuotas para otras finalidades?

En espacios públicos se han escuchado especulaciones que vinculan nóminas infladas como el pago de cuotas a grupos de pertenencia (Sectas)  —sean logias, foros o redes políticas—, usando plazas laborales como un mecanismo de transferencia de recursos. Este es un terreno peligrosamente difuso: es una hipótesis que obliga a prudencia y a pruebas concretas, porque establecer pagos irregulares a organizaciones exige documentos, rutas financieras y testimonios.

Qué verificar: coincidencias entre beneficiarios y membresías conocidas, transferencias bancarias entre cuentas relacionadas, contratos consultoría con terceros vinculados, y cualquier traza que muestre que los recursos no se destinaron a funciones públicas.

Consecuencias prácticas y políticas

Si se confirma que gran parte de una nómina se usa para fines distintos a la atención de asuntos públicos, estamos ante un problema de mal uso de recursos: erosiona la confianza ciudadana, drena presupuestos y, sobre todo, vulnera la legitimidad de la administración judicial. La solución, además de sanciones administrativas o penales si procede, debe incluir políticas de transparencia: publicación obligatoria de contratos, programas de actividades y productividad, y auditorías externas periódicas.

Una advertencia histórica y un recordatorio plural

Aquí vale la pena recordar a Luis Donaldo Colosio. En su tiempo, Colosio identificó a la masonería política como un verdadero cáncer que drenaba recursos del país y controlaba decisiones estratégicas desde la sombra. Su proyecto era acabar con ese grupo sectario que, bajo máscaras de humanismo y filantropía, en realidad actuaba como un cartel político. No olvidemos: Colosio no hablaba de derechas o izquierdas… hablaba de un mismo poder disfrazado, al que todos terminaban pagando tributo. El mismo Lopez Obrador con sus brazos cruzados hace referencia al Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAA), En algunos grados filosóficos (a partir del 18°, Caballero Rosa-Cruz), el gesto de brazos cruzados sobre el pecho aparece como señal de devoción y recogimiento. Aunque AMLO se burlo del pueblo con esa simbologia la cual llamo "Abrazos y no Balazos".

Conclusión y llamado a la acción

La nómina de 75 asesores con un costo aproximado de 8 millones mensuales plantea dudas legítimas que deben resolverse con hechos: auditorías, documentos y transparencia. Propongo a periodistas y a autoridades competentes: solicitar la información pública completa, auditar la nómina y documentar la correspondencia entre cargos y productos entregados. Si las hipótesis de uso irregular se confirman, entonces deberán seguirse las responsabilidades administrativas y, en su caso, las penales.