PODER JUDICIAL EN JAQUE

Por Francisco Javier Villarreal

La base trabajadora del Poder Judicial de la Federación, es el sostén operativo de la justicia federal en México, es quien mueve las entrañas del entramado jurídico en todos los sentidos, porque sin ellos, estaríamos peor que de la imagen internacional se tiene en la actualidad a raíz de la reciente expulsión el 17 de octubre del presente año de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), siendo estos de los poderes judiciales locales de los Estados y de la Ciudad de México aglutinados en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB),

esto a raíz de la Reforma Judicial de nuestro país por haberse sometido la justicia a la democratización, pues lejos de mejorar la nuestra justicia la están mermando al evaluar para despedir a las y a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, según se desprende en la publicación del Diario Oficial de la Federación el día 5 de noviembre,

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dicha imposición no es otra cosa más que una violación flagrante a sus derechos laborales, tales como su permanencia y antigüedad, además de su capacidad e intelecto que no tiene otro origen más que la carrera judicial, y de lo cual carecen tanto los ministros de la Corte como los Jueces y Magistrados del acordeón, salvo ciertas excepciones, que fueron nombrados de acuerdo a voto popular y a su capacidad basada en una tómbola,

que dicho sea de paso, los citados de trabajadores no están negados a aceptar la evaluación, siempre y cuando esta sea con fines de capacitación y superación, siendo ese el motivo por el cual se inició el paro de labores y movilizaciones en al menos 18 entidades del país para rechazar el nuevo esquema de evaluación del desempeño al considerar que esos criterios subjetivos y discrecionales ponen en riesgo su estabilidad laboral y carrera judicial,

hasta hoy las entidades son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Morelos, Nayarit, Michoacán, Hidalgo, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Jalisco y Sinaloa,

entre que pretenden evaluar son a 19, 402 oficiales judiciales así como también a 8249 secretarios de acuerdo y proyectistas (de tribunal y de juzgado) y finalmente a 2836 actuarios, siendo estos un total de 30,487 de trabajadores.

La realidad de todo esto en resumen, los trabajadores no tienen miedo de ser evaluados porque son lo que hacen que la justicia funcione en base a su preparación, capacitación, servicio y experiencia, no son improvisados y esta evaluación viene direccionada para el personal con carrera judicial y quien no la apruebe puede perder su empleo con un examen de opción múltiple equivalente a un 40%, cursos de capacitación con un valor de 20%, cuestionario del jefe con un valor de 22.5%, cuestionario de compañeros evaluado con un 7.5% y por último la calificación de reportes institucionales con un 10%.

En lo particular no creo que tengan rival los paristas si dichos exámenes se los hicieran junto con los actuales ministros y magistrados, porque si de permanencia se trata, estos últimos saldrían de volada y se quedarían sin chamba.

Juzgue usted.

¡Hasta la próxima!