El debido proceso no debe tener amigos: Taddei, un tumor en la imagen de la 4T

Por Víctor Manuel Salazar Salas

La verdadera prueba de un gobierno que promete combatir la corrupción llega cuando las preguntas incómodas alcanzan a quienes ejercen el poder o han gozado de su confianza.

Denunciar al adversario resulta políticamente rentable. Investigar sin contemplaciones a una figura cercana exige algo más difícil: aceptar que la honestidad no se demuestra con discursos, sino permitiendo que las instituciones actúen incluso cuando sus conclusiones puedan resultar inconvenientes.

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Los señalamientos alrededor de Guadalupe Taddei obligan a discutir precisamente eso.

Existen observaciones de auditoría, investigaciones sobre contrataciones y reportajes que describen posibles conflictos de interés. También se han difundido grabaciones cuyo contenido exige esclarecimiento. Son asuntos suficientemente graves para reclamar respuestas públicas. Ninguno debería resolverse mediante una condena televisiva ni mediante una absolución política.

Hasta ahora, las declaraciones revisadas de Claudia Sheinbaum no constituyen una exoneración. La presidenta ha pedido investigar y esperar los resultados correspondientes.

Reconocerlo es necesario. Una crítica pierde fuerza cuando necesita presentar como ocurrido aquello que todavía no está demostrado.

Pero reconocerlo tampoco obliga a conceder un cheque en blanco.

La exigencia ciudadana debe ser más precisa: que la prudencia presidencial se traduzca en investigaciones completas, preservación de documentos, seguimiento de los recursos y responsabilidades individualizadas. Que esperar resultados tenga un plazo y un propósito verificables.

Porque el tiempo puede servir para investigar. También puede convertirse en el mejor aliado del olvido.

La misma ley para todos

La presunción de inocencia es un derecho que debe proteger a cualquiera: a quien simpatiza con el gobierno, a quien lo combate y a quien no pertenece a ningún grupo político.

El problema aparece cuando ese principio se invoca con solemnidad para unos y se desprecia para otros.

Una democracia se deteriora cuando la sospecha basta para destruir públicamente al adversario, mientras que las irregularidades alrededor de una figura cercana se diluyen entre explicaciones, antecedentes y promesas de futuras investigaciones.

Ese doble criterio debe combatirse donde exista, con pruebas y sin excepciones.

Tampoco podemos denunciar la fabricación de culpables y después exigir que una persona sea declarada delincuente únicamente porque nos resulta políticamente incómoda. La justicia que reclamamos debe resistir también nuestras preferencias.

Investigar con rigor y respetar los derechos de una persona son obligaciones compatibles.

El pasado no cancela las responsabilidades presentes

Revisar las contrataciones de administraciones anteriores del INE puede ser necesario. Si existen redes de proveedores que han operado durante años, conocer su origen ayuda a comprender cómo sobrevivieron y quiénes facilitaron su continuidad.

Pero ampliar una investigación debe ampliar las responsabilidades, nunca diluirlas.

Si hubo irregularidades antes, deben investigarse. Si continuaron después, también.

Ningún funcionario puede responder a una observación sobre su gestión señalando únicamente que sus antecesores hicieron algo parecido. Haber recibido una práctica cuestionable no concede permiso para conservarla.

La rendición de cuentas comienza cuando cada administración explica sus propias decisiones.

Seguir el dinero

La discusión no debería agotarse en fiestas, fotografías o relaciones personales. El interés público está en determinar si esas relaciones influyeron en decisiones oficiales y si alguien obtuvo beneficios indebidos.

¿Quién diseñó las condiciones de contratación?

¿Quién verificó la capacidad de las empresas?

¿Quién autorizó los pagos?

¿Quién comprobó los servicios?

¿A dónde llegaron finalmente los recursos?

Las respuestas deben surgir de documentos, registros y pruebas. Una fotografía puede abrir preguntas; el seguimiento financiero permite responderlas.

Por eso una renuncia tampoco puede funcionar como punto final. Dejar un cargo resuelve una situación administrativa o política. No aclara por sí mismo el destino del dinero público.

Que el debido proceso no se vuelva privilegio

La ciudadanía no necesita que desde una conferencia se declare culpable o inocente a Guadalupe Taddei. Necesita instituciones capaces de establecer responsabilidades sin recibir instrucciones sobre a quién proteger y a quién perseguir.

Si las acusaciones no se sostienen, deberá decirse con claridad. Si se acreditan conductas ilícitas, deberán producir consecuencias.

Lo inaceptable sería que la cercanía política decidiera la profundidad de la investigación o la velocidad del expediente.

También sería inaceptable utilizar este escándalo para desacreditar a toda una institución y convertir la vigilancia ciudadana en una oportunidad de control político.

Defender al INE exige investigar a quienes pudieron perjudicarlo. Encubrir irregularidades en nombre de su prestigio terminaría destruyendo precisamente la confianza que se pretende preservar.

La pregunta que debemos mantener abierta no es si alguien merece protección por pertenecer a determinado grupo. Es si el Estado está dispuesto a aplicar el mismo criterio a todos.

Porque cuando el debido proceso se vuelve privilegio de los cercanos y la sospecha se vuelve sentencia contra los adversarios, la ley deja de ser una garantía común.

Se convierte en una herramienta del poder.